Este mismo mes, los principales sindicatos de aviación españoles (SEPLA, ASETMA, STAVLA, USO-STA, SITCPLA y CTA) enviaron al Ministro de Fomento D. José Blanco López, una carta exponiendo la enorme preocupación que los trabajadores de aviación españoles tienen ante la práctica de competencia desleal de la compañía irlandesa Ryanair. En la misma se exponen una serie de medidas a tomar para salvaguardar los intereses españoles.
El objetivo de la iniciativa es asegurar la leal competencia de las compañías españolas y comunitarias que operan en nuestro país que cumplen con el ordenamiento jurídico y tienen unos costes sociales superiores a los que Ryanair tiene. En el mismo escrito los sindicatos denuncian que, además de la práctica de competencia desleal por parte de la compañía de Michael O’Leary, el trato de favoritismo por parte de los Ministerios de Economía y Hacienda, Trabajo y Fomento, así como AENA.
Los sindicatos acusan al Ministerio de Economía y Hacienda de no tener un control sobre los trabajadores de Ryanair con base en España, que residen más de 183 días al año, como así lo demuestran las programaciones de vuelo de sus pilotos y tripulantes de cabina con dos tipos de contrato, uno a través de brokers (en el que el propio trabajador decide si cotiza en España o no), y otro de Ryanair (en el que el trabajador cotiza en Irlanda). Afirman, en el escrito, que para cuando finalice el año Ryanair tendrá 9 bases en nuestro país lo que supondrá más de 1.500 trabajadores.
En el escrito lanzan un llamamiento al Ministerio de Trabajo afirmando a título informativo que los pilotos y tripulantes de cabina no están dados de alta en régimen alguno en la Seguridad Social española y la empresa pretende su no afectación al régimen jurídico y social de la legislación española. Asimismo, no tienen subsidio de desempleo ni a las pensiones públicas. Cobran las horas de vuelo programadas no las trabajadas. Los trabajadores pueden ser despedidos sin previo aviso ni indemnización y además, no tienen derecho a vacaciones.
Al Ministerio de Fomento le exponen que sólo pueden repostar 300 kg. de combustible más de lo que establece el plan de vuelo, si lo hacen deben justificarlo y si lo hacen repetidamente son amonestados por su jefe de base, presionando a los pilotos y contraviniendo la primera premisa de la aviación, la SEGURIDAD. También proponen supervisar si Ryanair cumple con la normativa del Reglamento EU 859/2008 (Subparte Q) sobre comidas para tripulaciones así como las regulaciones sobre tiempos de trabajo y descanso, slots, demoras, etc.
A los Gobiernos Autonómicos se les alerta que esta compañía crea nuevas rutas, promocionan un destino y, a continuación, si no se encuentra con una subvención pública a cargo del Gobierno Autonómico, amenazan con dejar de operar en dicho destino. Se les advierte que Ryanair no incrementa el número de pasajeros, se los quita a otras compañías bajando el precio del billete hasta una cantidad ridícula y cuando se la deshecho de sus competidores impone sus tarifas sin restricción ni competencia. Además se aprovechan de las infraestructuras pagadas por los españoles, ya que ellos no pagan ni tasas ni impuesto como sociedad en España.
A AENA le demanda que Ryanair haga uso de las instalaciones de aeropuertos que las demás compañías son obligadas a usar (jardineras, tractores, generadores, pasarelas de embarque, etc.) tanto en la zona aire como en la zona tierra (mostradores, pérdida de equipaje, etc.). Ryanair no garantiza los derechos de los pasajeros de acuerdo con la carta de derechos de la Unión Europea, lo que ha provocado numerosos expedientes en el Ministerio de Fomento. Se les asignan zonas de aparcamiento cercanas a la terminal por tener escalas cortas, provocando presión operacional en tripulaciones y personal de tierra saltándose, una vez más, la primera premisa de la aviación LA SEGURIDAD.
Ante todo esto en este escrito se les pide a todas estas instituciones y a AENA que tome cartas en el asunto, para favorecer un mercado de libre competencia sin favoritismos y en defensa de los derechos de los trabajadores y de los pasajeros. Para ello debe obligar a Ryanair a operar en las mismas condiciones que el resto de las compañías españolas, defendiendo el artículo14 de nuestra Constitución “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
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En teoría las alegaciones están mas que fundadas y por tanto ante esta protesta el gobierno DEBE reaccionar en la dirección de los intereses españoles. Ya está bien de ir por el mundo presumiendo ser la encarnación del patético Quijote(no merece ni que le ponga en mayúsculas). Todo se andará, salvo que nuestra autoridades sean realmente EGIPCIAS. (ENTIÉNDASE NO LA NACIONALIDAD, SINO CIERTA PRÁCTICA ECONÓMICA NO MUY LEGAL).